Peña Nieto llamó a los más de 216 mil servidores federales a “cumplir sus obligaciones para mantener un gobierno transparente”

La declaración patrimonial de EPN generó un alud de cuestionamientos sobre la legitimidad del origen de sus propiedades. Foto La Jornada

Jaime Hernández Ortiz.- La declaración patrimonial presentada la semana pasada por Enrique Peña Nieto revela cómo y cuál será en esencia la postura que asumirá el gobierno federal en lo que respecta a la transparencia y rendición de cuentas: oscuridad total e impunidad.

El patrimonio de Peña Nieto, consistente y logrado principalmente a través de costosas donaciones, huele a corrupción y ausencia de los más elementales principios éticos derivados de la conducta pública.

Al menos seis bienes inmuebles, afirma Peña Nieto, le fueron entregados como donativos. Donaciones que por cierto, en países con Estados democráticos obligarían a revelar los nombres de los donantes y exigir su devolución inmediata, sobre todo si se realizan durante la función pública y aun poco después.

Donantes desprendidos

Durante su cargo como gobernador Peña Nieto en diciembre del 2009, recibió de “alguien” el donativo de un terreno de 2 mil 547 metros cuadrados. La pregunta es: ¿quién resulta ser tan desprendido y entrega a un gobernador a cambio de nada una valiosísima propiedad?

Peña Nieto apenas ya dejaba el cargo y otra vez “alguien” le regaló una casa de 150 metros cuadrados. Luego, otro “alguien” le regala un pequeño terreno de 58 mil 657 metros cuadrados; ambos donativos registrados en la misma fecha del 8 de diciembre del 2011. En este mes Peña Nieto ya se perfilaba como el candidato de unidad del PRI debido a que Manlio Fabio Beltrones ya había declinado. Pero en esos tres casos Peña Nieto por igual incurrió en responsabilidad.

Incluso como candidato Peña Nieto recibió como donativo en especie servicios de trasportación en helicóptero y aviones privados del magnate Juan Armando Hinojosa Cantú, un empresario del Estado de México que coincidentemente ha “ganado” la construcción de varias obras en el Estado de México.

De acuerdo con la ley de responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de México y sus municipios, en su artículo 42, todos los servidores públicos, desde el gobernador hasta el más modesto burócrata, debe abstenerse “durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar, o recibir, por sí o por interpósita persona cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para otras personas, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que impliquen intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión”.

A simple vista, el conjunto de las propiedades inmobiliarias alcanza decenas de millones de pesos. Esto sin tomar en cuenta joyas, vehículos, deudas, ahorros, obras de arte y cuentas bancarias, debido a que Peña Nieto “no autorizó la publicación de esos datos”.

Acto de corrupción

La Convención Interamericana contra la Corrupción, publicada por cierto en el Diario Oficial de la Federación el viernes 9 de enero de 1998, y por lo tanto obligatoria y vinculante para todo servidor público, describe como actos de corrupción, entre otros, los siguientes:

“a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.”

No sabemos si Peña Nieto ha recibido esos regalos y otras personas los han entregado a cambio de hacer o dejar de hacer un acto específico, pero dada la forma de operar el sistema político mexicano, donde el PRI se ufanaba de “trabaja y deja trabajar”, forma parte sin duda de esta forma de operar, de “dejar hacer y dejar pasar”, que ha llevado a México a ser uno de los países más corruptos del mundo.

Justamente la opacidad de esta declaración patrimonial pone en evidencia una vez más la inoperancia de un proceso de información pública tan elemental de conocer cuál es la riqueza de un gobernante; proceso en el que un ciudadano común y corriente no puede hacer nada, debido al fuero y la inmunidad de facto y candados que existen en la materia.

Pero nadie de todos los funcionarios de primer nivel que acompañaron a Peña Nieto quiso ponerlo en evidencia. Por ello no declararon el monto en dinero que cada uno tiene en total. De tal forma que las “declaraciones patrimoniales” constituyeron sólo un acto mediático en el que se careció de la más elemental honestidad, decencia y congruencia.

Peña Nieto llamó a los más de 216 mil servidores federales a “cumplir sus obligaciones para mantener un gobierno transparente, que rinda cuentas y combata de forma eficaz la corrupción”.
Pero precisó: “La transparencia será fundamental en la presidencia democrática que me he propuesto conducir. Es una obligación sustantiva para dar confianza a una sociedad mexicana más plural, más informada y más participativa”. Poco le faltó decir: “Pero se aceptan donativos”.